La abogada tartagalense Sarah Esper, originalmente a cargo de la defensa de Lucía Ruiz, Carlos Guerra, Omar Ubaldo Cruz y Antonio Guerra resaltó que; más que una juicio por derechos ambientales y territoriales; se trató de un “delito penal, de los cuales la mayoría estaba prescripto. Mis defendidos podrían haber quedado presos”. Para la abogada, no deja de ser llamativa la urgencia conque se solicitó el juicio al grupo en una causa sin detenidos. “Quisieron hacer el juicio el año pasado, en plena cuarentena, sin ninguna garantía sanitaria”, agregó.
La abogada relató que todo comenzó por un campesino (Elvecio Romero) que solicitó ayuda argumentando que no le pagaban desde una empresa por los postes de madera que cortaba, en paraje El Chañar. La petición fue lanzada también por radio, para que le ayudaran a proteger el producto de la firma y no se lo llevaran sin abonar el trabajo. En su apoyo llegó un nutrido grupo y fue dicha acción la que derivó en denuncias por supuesto robo calificado, coacción agravada por el uso de arma, daños, amenazas y abuso de armas. Esper tuvo a su cargo la defensa de Carlos Guerra y Omar Ubaldo Cruz.
“Se habló de las tierras en una exposición que hizo Lucía Ruiz”, manifestó la Dra. Esper y seguido aclaró que estuvo a cargo de su defensa y de todo el grupo hasta hace un mes atrás, cuando desencuentros por la estrategia con la dirigente campesina; “me estaba colocando en una situación desagradable”; determinaron que el Dr. Luis Véliz, defensor oficial. “Sí hubo problemas con tierras entre la empresa y este grupo pero fue hace mucho, incluso trataron allí el Dr. Véliz, yo en el último tiempo (…) pero el juicio, más allá que se habló de la cuestión tierras de parte de Lucía y la empresa, mis clientes no lo hicieron”.
La abogada también puso condiciones para que el juicio fuese equitativo, dado que desde la procuraduría de Salta (Dr. Abel Cornejo) había solicitado que se filmara y grabara. “Me opuse (…) porque las cámaras son intimidantes para la gente del chaco salteño (…) se sacaron fotos y tomaron apuntes (…) la prensa que se hizo presente esperó afuera”, remarcó. Con las muchas especulaciones y versiones que surgieron previamente y a la par del juicio, la abogada reconoció que lo dilató con el fin que prescribieran la mayoría de los delitos y por tal maniobra, el Tribunal de Impugnación ante la Corte de Justicia de Salta y del Tribunal de Ética Profesional, “pero porque los últimos planteos que presenté eran legítimos”.
Tengo la tranquilidad de que hayan sido absueltos “sea por el beneficio de la duda, sea por lo que sea”, resaltó, “yo entiendo que este juicio no se tendría que haber realizado, porque hay un plazo que se llama caducidad, establecido por la Ley 14.394 del reglamento nacional del Pacto de San José de Rica (…) desde que requiere juicio hasta que se llega a la audiencia de juicio no deben pasar más de dos años; con un año prorrogable por cuestiones atendibles”, y agregó que este punto fue motivo de diferencias entre la fiscal y el juez titular y Esper. “Yo consideraba que los plazos estaban vencidos (…) por eso se cayó en una oportunidad e incluso en otra quisieron hacer un juicio virtual cuando en Morillo apenas hay señal y se pretendió forzarlo usando la Municipalidad”.
Otro punto que no se pudo ignorar era el impacto que tendría un fallo de condena sobre los imputados en la región de Coronel Juan Solá-Morillo. “Costó mucho llegar a la paz social y esto iba a provocar una movilización (…) los dirigentes siguen sin poder llegar a un buen acuerdo con el intendente Atta Gerala”, recordó la abogada. “La gente que fue a juicio, dos ya viven en los territorios en disputa y ya no quieren saber más de pelea (…) quien insiste es Lucía Ruiz y Antonio Guerra, a quien no tengo en mis listas de dirigentes campesinos y apareció recién en este último”.