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Nuevo Diario de Salta.- El Senado no le introdujo modificaciones el proyecto con media sanción que provenía desde Diputados, por consiguiente se convirtió en ley la prórroga por el término de un año la suspensión del desalojo de campesinos en el territorio salteño. De este modo se posibilita a numerosas familias rurales y pequeños productores el resguardo de sus áreas de cultivo o d e producción ganadera hasta alcanzar la regularización del dominio o sus  escrituras.

La ley modifica el art. 9 de la Ley 7658 y se incluye el siguiente texto:  “Suspéndanse por un año a partir del 31 de diciembre de 2018, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1898 o 1899 del Código Civil y Comercial”.

Entre los propulsores de esta ley se distingue el senador Mashur Lapad (Rivadavia-PJ). Ocurre que en ese departamento salteño se presentan las mayores problemáticas por la posesión de las tierras.

Tanto criollos como comunidades originarias acusan esa situación de irregularidad del dominio o bien de intentos de terratenientes de hacerse  de la posesión de  las tierras con papeles apróficos. El objetivo es el de  acrecentar la frontera agropecuaria con monocultivo de la  soja y otras oleaginosas, perjudicando a distintas etnias que habitan esos lugares desde tiempos ancestrales.

Lapad, quien es a su vez presidente del Foro del Gran Chaco Sudamericano, conoce a fondo sobre esta situación. Destacó que “en el Senado aprobamos la prórroga de la Ley 7658, por la cual se suspende por un año, a partir del 31 de diciembre de 2018, las ejecuciones de sentencias, medidas cautelares, actuaciones, disposiciones judiciales de desalojo y desocupación de tierras poseidas por familias rurales y pequeños productores agroganaderos de la provincia».

Cabe señalar que la ley N° 7.658 tuvo una prórroga por el lapso de dos años en 2016.