Hace 15 días, el ejecutivo municipal ingresó un proyecto de ordenanza para regularizar el transporte público; desde colectivos urbanos hasta taxis; tras la insistencia de un sector de este servicio. El documento llevó un mes de elaboración y contempla declarar la emergencia por un año.
Santiago Vargas; secretario de gobierno municipal; adelantó que “el transporte en general tiene cierta informalidad (…) la emergencia es declarada por seis meses y se puede prorrogar por seis meses más“, comenzó detallando. “La licitación (de corredores) para los colectivos urbanos ya está vencida. Este año queremos llamar a nueva licitación (…) en medio vamos a estudiar los corredores para ver si hay que cambiarlos o no y hacerlos más útiles en su aprovechamiento”.
La Ordenanza Municipal que regula el transporte público en Tartagal es la N° 1322. El secretario de gobierno aseguró que “ha quedado desactualizada” y además, se busca un “paragüas legal” para iniciar potenciales modificaciones.
Entre otros puntos (el debate por reforma de la Ordenanza provocó acusaciones cruzadas), “la ordenanza dice que debería haber un taxi por cada 600 habitantes (…) deberíamos tener entonces 150. Hemos llegado a censar 500 y hasta 600 taxis y remises“, resaltó el funcionario. Aclaró que el fin no es aumentar la recaudación, sino garantizar un servicio legal y seguro. “Ya hemos hecho un relevamiento previo (…) pero habrá consultas a las remiseras, taxistas y empresas de colectivos, seguirán trabajando”.
Vargas finalizó remarcando que “no se trata de garantizar el monopolio de una empresa (…) sí han habido tantas irregularidades, con una Dirección de Transporte tan cuestionada (una empresa de colectivos urbanos mantiene un juicio con el municipio) que vamos a tener en cuenta a cada uno de sus actores y al usuario, por sobre todo”.
