Tras detectarse una maniobra para influir en un auxiliar fiscal, la Justicia Federal revocó su libertad y amplió la imputación por cohecho agravado. El valor de los bienes e inmuebles secuestrados en los recientes allanamientos supera los 580 millones de pesos.
La Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta dieron un giro drástico a la situación procesal del exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisnero. El exlegislador, quien ya se encontraba bajo la lupa de la justicia por una compleja red de contrabando de granos, enfrenta ahora cargos por cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. Esta ampliación de la acusación surge tras detectarse un audaz intento de soborno dirigido a un funcionario judicial.
Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, el exlegislador habría intentado, mediante un intermediario identificado como J.M.A., ofrecer importantes sumas de dinero a un auxiliar fiscal de Tartagal. El objetivo de la maniobra era garantizar una resolución favorable en la causa principal de asociación ilícita y contrabando agravado que lo tiene como protagonista. Ante la contundencia de las pruebas, la jueza federal de Garantías, Ivana Soledad Hernández, dictó la prisión preventiva para ambos acusados por un plazo de 60 días.
La investigación detalla que Cisnero no actuó de forma improvisada. La fiscalía, representada por Eduardo Villalba y Lucía Orsetti, sostuvo que existió una planificación deliberada para acercarse al entorno del funcionario judicial. Tras varios intentos fallidos de contacto a través de conocidos, el intermediario logró interceptar al auxiliar fiscal a la salida de un gimnasio en General Mosconi, invitándolo a conversar dentro de una camioneta para realizar el ofrecimiento económico.
Un elemento clave en la audiencia fueron los audios captados por el propio funcionario judicial, quien, advertido de la situación, concurrió al encuentro con una grabadora oculta. En las grabaciones se escucha al intermediario asegurar que Cisnero estaba “dispuesto a poner guita” y que buscaba garantías para no volver a prisión antes de una audiencia decisiva programada para el 23 de junio. “La que corta el queso es la fiscal”, se oye decir en uno de los fragmentos más comprometedores presentados como evidencia.
La gravedad del hecho motivó a la jueza Hernández a revocar la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que beneficiaba al exdiputado. La magistrada coincidió con el MPF en que esta nueva maniobra representa un caso de “inusitada gravedad institucional” y evidencia un riesgo latente de entorpecimiento procesal que no puede ser neutralizado con medidas restrictivas domiciliarias o fianzas económicas.
De forma paralela a la audiencia, se informaron los resultados de una serie de allanamientos realizados en Tartagal, Campamento Vespucio y el barrio privado Green House de General Mosconi. Los procedimientos arrojaron el secuestro de una flota de vehículos de alta gama, incluyendo un Mini Cooper y una camioneta Amarok, además de una importante cantidad de dispositivos electrónicos y una pistola calibre .22 sin la documentación correspondiente en la vivienda del exlegislador.
El impacto económico de lo incautado es significativo: el avalúo preliminar de los bienes asciende a más de 584 millones de pesos. En los domicilios vinculados a la familia Cisnero se hallaron sumas millonarias en efectivo, superando los 130.000 dólares y los 37 millones de pesos, además de una colección de joyas que incluye una barra de oro de 24 quilates y monedas Bitcoin físicas, elementos que ahora quedan bajo custodia judicial.
Cisnero, que ya cumplía arresto domiciliario desde finales de 2025, ve ahora cómo su situación se complica irreversiblemente de cara al juicio oral. La fiscalía ha sido autorizada a peritar todos los dispositivos digitales secuestrados, buscando determinar si existen más conexiones o pagos realizados previamente para obtener beneficios procesales, tal como sugerían los audios del intermediario durante el intento de soborno.
Finalmente, la situación de J.M.A., el supuesto nexo en la maniobra, también quedó sellada con la prisión preventiva. Se le imputa cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita, en calidad de miembro. Con este escenario, el Ministerio Público Fiscal reafirma su postura de tolerancia cero ante intentos de corrupción que busquen socavar la integridad del sistema judicial en el norte provincial.
