Tras detectarse una maniobra para influir en un auxiliar fiscal, la Justicia Federal revocó su libertad y amplió la imputación por cohecho agravado. El valor de los bienes e inmuebles secuestrados en los recientes allanamientos supera los 580 millones de pesos.
La Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta dieron un giro drástico a la situación procesal del exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisnero. El exlegislador, quien ya se encontraba bajo la lupa de la justicia por una compleja red de contrabando de granos, enfrenta ahora cargos por cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. Esta ampliación de la acusación surge tras detectarse un audaz intento de soborno dirigido a un funcionario judicial. En representación del MPF intervinieron en la audiencia el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la sede fiscal de Tartagal y a cargo de la investigación principal.
Se autorizó el avance de peritajes sobre teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU y otros dispositivos digitales secuestrados en los allanamientos realizados el martes 28 de abril, en cinco inmuebles: dos en Campamento Vespucio (la vivienda de J.M.A. y su local comercial), uno en Tartagal y otros dos en el barrio privado Green House de General Mosconi, en domicilios vinculados a Cisnero y a uno de sus hijos.
Según el Ministerio Público Fiscal, el exlegislador habría intentado, mediante un intermediario identificado como J.M.A., ofrecer importantes sumas de dinero a un auxiliar fiscal de Tartagal. El objetivo de la maniobra era garantizar una resolución favorable en la causa principal de asociación ilícita y contrabando agravado que lo tiene como protagonista. Ante la contundencia de las pruebas, la jueza federal de Garantías, Ivana Soledad Hernández, dictó la prisión preventiva para ambos acusados por un plazo de 60 días.
La investigación detalla que Cisnero no actuó de forma improvisada. La fiscalía, representada por Eduardo Villalba y Lucía Orsetti, sostuvo que existió una planificación deliberada para acercarse al entorno del funcionario judicial. Tras varios intentos fallidos de contacto a través de conocidos, el intermediario logró interceptar al auxiliar fiscal a la salida de un gimnasio en General Mosconi, invitándolo a conversar dentro de una camioneta para realizar el ofrecimiento económico.
Un elemento clave en la audiencia fueron los audios captados por el propio funcionario judicial, quien, advertido de la situación, concurrió al encuentro con una grabadora oculta, donde se escucha al intermediario asegurar que Cisnero estaba “dispuesto a poner guita” y que buscaba garantías para no volver a prisión antes de una audiencia decisiva programada para el 23 de junio, fecha en la que vence el plazo de investigación y la fiscalía debe formalizar la acusación penal en lo que se conoce como audiencia de Control de la Acusación, paso previo a que el caso sea elevado a juicio oral y público.
Los audios: “La que corta el queso es la fiscal”
Durante la audiencia se reprodujeron fragmentos del audio obtenido. “Yo te voy a decir la verdad, la pura. La justa, la justa y la verdad. Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”, expresó el intermediario. En otro tramo insistió: “Él (por Cisnero) dice que está dispuesto a poner guita”. Y agregó que el exlegislador quería garantías para el 23 de junio: “Yo quiero ya ahí, concreto, que a mí no me van a meter en cana, nada, nada, nada”.
Afirmó que ya habría realizado pagos para obtener beneficios procesales: “Él ha pagado 15.000 dólares de garantía. Ya ha puesto los 15.000 dólares. Pero si no le entregan en 5 o 6 meses, tiene que seguir pagando los 15.000, la garantía”. Sostuvo: “Me dijo que la que corta el queso es la fiscal. Y si él quiere, que él hable con la jueza, yo pongo guita”. Para el MPF, es evidencia el intento de ambos imputados de obtener un canal de influencia dentro del sistema judicial, razón por la cual, Villalba y Orsetti dejaron en claro en la audiencia que el caso es de una “inusitada gravedad institucional”. La jueza, al resolver los pedidos, coincidió con los fiscales, resaltando el riesgo de fuga y, sobre todo, la alusión hecha por el MPF respecto al entorpecimiento procesal, lo que, a su criterio, no había podido ser neutralizado con la caución real y la libertad concedida.
La gravedad del hecho motivó a la jueza Hernández a revocar la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que beneficiaba al exdiputado. De forma paralela a la audiencia, se informaron los resultados de una serie de allanamientos realizados en Tartagal, Campamento Vespucio y el barrio privado Green House de General Mosconi. En la vivienda del exlegislador (B° Green House – camino entre Gral. Mosconi y Vespucio) secuestraron un automóvil Mini Cooper Countryman, un Volkswagen T-Cross y una camioneta VW Amarok; tres teléfonos celulares, dos notebooks, cámaras fotográficas y de video, tarjetas de memoria, tres pasaportes, una pistola calibre 22 con cargador y municiones (sin la documentación correspondiente), y documentación.
En efectivo se hallaron además 36.917.700 pesos, 84.390 dólares, 500 euros y pequeñas sumas en otras monedas. Entre las joyas y objetos de valor se incautaron tres relojes, 24 cadenas doradas, una medalla, ocho pares de aros, 19 anillos, 11 pulseras, una barra de oro fino de 24 quilates, dos monedas bitcoin de oro, un dije y un prendedor. En el mismo barrio pero en la casa de un hijo de Cisnero, secuestraron una camioneta Toyota Hilux, un sistema de cámaras de seguridad, dos notebooks, dos motocicletas KTM, cuatro celulares y documentación variada.
El impacto económico de lo incautado es significativo: el avalúo preliminar de los bienes asciende a más de 584 millones de pesos. En los domicilios vinculados a la familia Cisnero se hallaron sumas millonarias en efectivo, superando los 130.000 dólares y los 37 millones de pesos, además de una colección de joyas que incluye una barra de oro de 24 quilates y monedas Bitcoin físicas, elementos que ahora quedan bajo custodia judicial.
Cisnero, que ya cumplía arresto domiciliario desde finales de 2025, ve ahora cómo su situación se complica irreversiblemente de cara al juicio oral. La fiscalía ha sido autorizada a peritar todos los dispositivos digitales secuestrados, buscando determinar si existen más conexiones o pagos realizados previamente para obtener beneficios procesales, tal como sugerían los audios del intermediario durante el intento de soborno.
Finalmente, la situación de J.M.A., el supuesto nexo en la maniobra, también quedó sellada con la prisión preventiva. Se le imputa cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita, en calidad de miembro. Con este escenario, el Ministerio Público Fiscal reafirma su postura de tolerancia cero ante intentos de corrupción que busquen socavar la integridad del sistema judicial en el norte provincial.
