La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma del régimen de Zonas Frías, con 132 votos a favor y 105 en contra. El proyecto busca revertir la ampliación de 2021, que había incorporado a millones de usuarios en áreas templadas y densamente pobladas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Pero, incluso zonas que seguirán bajo el sistema verán aumentos, ya que Nación deja de cubrir dos componentes que integran la factura residencial.
El objetivo oficial que impulsa la administración nacional es revertir la ampliación aprobada en 2021, que incorporó zonas que se caracterizan por climas templados, importantes niveles de actividad económica y una media/alta densidad poblacional; pero también habrá cambios para las regiones que permanezcan dentro del esquema; uno de subsidios de los más sensibles del mercado de gas natural. Hasta ahora, Nación cubría el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo que pagan los hogares; y el costo del transporte troncal del gas natural; y de aprobarse la reforma, dejará de financiar ambas.
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El régimen, creado en 2002 para regiones de frío extremo como Patagonia, Malargüe y la Puna (Salta y Jujuy), otorgaba descuentos del 30 al 50 por ciento en las facturas de gas y la ampliación de 2021 generó un costo fiscal de 300 a 400 millones de dólares anuales. La reforma introduce un cambio estructural: el subsidio ya no se aplicará sobre toda la factura, sino solo sobre el precio del gas en el PIST (uno de los tres componentes); implicando aumentos de entre el 20 y 30 en provincias como Neuquén, Tierra del Fuego o Santa Cruz. Mientras tanto, se deberá establecer si finalmente se conservará subsidio pleno en regiones de frío extremo, como Malargüe y Puna.
Para los 3 a 3,5 millones de usuarios excluidos, se perderán los descuentos generales, aunque los hogares vulnerables recibirán una compensación a través de la Segmentación Energética Focalizada (SEF), con un 20 por ciento adicional en su bloque de consumo subsidiado. En el resto, implicará enfrentar aumentos de entre el 30 y 100 por ciento en sus facturas de gas. El objetivo oficial es reducir subsidios energéticos y ordenar las cuentas públicas. El proyecto, que ya obtuvo la media sanción en Diputados, espera ser tratado en el Senado.
