Pobladores de la fronteriza localidad se mostraron disconformes con el accionar del fiscal Gonzalo Vega, por haberlos citado con menos de 72 horas para declarar y ampliar sus denuncias sobre la compra de votos de parte del actual intendente Rubén Méndez. Los convocados debían trasladarse hasta Tartagal y recibieron la citación el día previo por la noche.
Esta semana cursaron las notificaciones a todos aquellos que denunciaron en su momento la compra de voluntades por parte de Rubén Méndez para las elecciones provinciales del 10 de noviembre de este año.
Alrededor de 40 personas fueron citadas, con fecha para brindar testimonios el viernes 29, pero las notas se acercaron el jueves por la noche. “Mucha gente no pudo ir por el poco tiempo, otros no estaban y otro poco no pudo ir porque mínimo se necesitan 300 pesos (…) la mayoría son de escasos recursos”, resumió el periodista Raúl Costes.
Los que pudieron asistir; menos de los llamados; eran de profesión empleado o educador. Pero de entre los que llegaron a Tartagal, un residente aportó material de calidad contundente; fílmaciones, capturas de mensajes, audios y demás; para la investigación que lleva el fiscal Gonzalo Vega.
El detalle fue que acercó copias junto con la denuncia que radicó ante la Comisaría 40 y el efectivo que tomó testimonio y ensobró lo proporcionado no tuvo el cuidado de no dañar los cd’s, que resultaron rotos por “abrocharlos” con el sobre.
Sin embargo, el mismo denunciante brindó copias al fiscal en otro dispositivo; para sorpresa del inquisidor por la cantidad de pruebas que evidencian y que colocan a Méndez en una posición cada vez más comprometida.
De manera extraoficial, se estima que el todavía jefe comunal invirtió no menos de 14 millones de pesos en retener el municipio; entre pagar 2.000 a los choferes de 150 remises para que trasladaran a los votantes más los 40 litros de combustible por cada uno, 1.000 pesos para argentinos con voluntad comprada, y 2.000 pesos para 500 ciudadanos bolivianos, más otros gastos.
“Mucha gente quedó molesta por el poco tiempo conque la Fiscalía los citó, les pareció muy raro y sospechan que todo fue con intenciones que directamente no vayan”, reiteró el periodista. “La gente que votó a Méndez lo hizo para asegurarse los mil pesos, (…) porque les habían dicho que unos hackers traídos de Salta iban a informar si habían votado o no al intendente, y que iban a ser observados por cámaras conectadas a satélites de la NASA”.
Después de este primer paso, se espera que en los próximos días se provea de más pruebas sobre las maniobras del actual intendente para ganar los comicios y renovar así su mandato para una nueva gestión, dejando en segundo lugar al claro favorito (según las PASO), el Dr. Héctor Ortega.
Si la investigación comprueba que los fondos usados por Méndez fueron sacados de las arcas municipales, el intendente hará frente a dos a 10 años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Si, por el contrario, el dinero es privado, se hará el debido cruce de información con los organismos correspondientes para comprobar la situación; más las explicaciones que deberá brindar para el caso.
