El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal la incompetencia material de la causa en la que un hombre; de nacionalidad boliviana; fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad pública y la salud de la población. El hecho se descubrió en marzo de 2020 en Santa Victoria Este.
Del requerimiento surgió que; el 30 de marzo de 2020, en el local comercial de Marcial Flores Mamaní, el acusado (Avenida San Martín – Santa Victoria Este); personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), incautó 300 bidones de 20 litros cada uno, que estaban vacíos y en venta.
El fiscal Cazón sostuvo que dichos bidones contenían residuos de contenidos químicos utilizados para el agro y representaban un serio problema de salud para la población, principalmente para las comunidades aborígenes del Chaco salteño. En junio del mismo año, el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal hizo lugar al pedido del fiscal Cazón y ordenó la inmediata detención de otro hombre (quien habría entregado los bidones al acusado), identificado como Daniel Ruso (conocido también como Daniel Mijalchuk) para ser puesto a disposición de la Fiscalía actuante con el fin de prestar declaración, también como imputado. A la fecha, el hombre permanece prófugo.
Ante lo mencionado y al tener en cuenta las claras violaciones a la Ley Nacional 27.270, que aprobó el Acuerdo de París en la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; la Ley Nacional 27.233 de Sanidad de los Animales y Vegetales; y la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Provincia requirió al Juzgado de Garantías interviniente la declaración de la incompetencia material y su remisión al Juzgado Federal que por turno corresponda, medida a la que el magistrado interviniente hizo lugar en las últimas horas. (Ministerio Público Fiscal)
