»Imagen: prensa Gobierno de Salta

Ministerio Público Fiscal.- El Juzgado de Garantías 1 de Tartagal hizo lugar al pedido del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón y ordenó la inmediata detención de Daniel Ruso; también conocido como  «Daniel Mijalchuk«; para ser puesto a disposición de la fiscalía actuante, con el fin de prestar declaración como imputado en la causa que investiga la compra y venta de 300 bidones con residuos de contenidos químicos. La búsqueda esta a cargo de la Brigadas de Investigaciones de la Policía de la Provincia.

En la misma causa, Marcial Alejandro Flores Mamaní, de nacionalidad boliviana, ya fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad pública y la salud de la población, en grado de autor.

Según consta en el legajo de investigación, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, requirió el allanamiento de la casa de Daniel Ruso; en Tartagal; quien también se hace llamar «Daniel Mijalchuk», con el fin de detenerlo. Se desprende de lo declarado por el imputado Mamaní, que los bidones le fueron entregados por Ruso o Mijalchuk, quien se encuentra prófugo.

»Fiscal penal Armando Cazón (Crédito imagen: diario El Expreso Salta)

Cabe recordar que el pasado 30 de marzo en el comercio del acusadoo Mamaní; ubicado sobre avenida San Martín de Santa Victoria Este; personal del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), incautó 300 bidones de 20 litros cada uno, que estaban vacíos y en venta.

El fiscal Cazón sostuvo que dichos bidones, que contienen residuos de contenidos químicos utilizados para el agro, representan un serio problema de salud para las personas y principalmente para las comunidades aborígenes del Chaco salteño.

En el decreto de imputación consta la supuesta comisión del delito de violación a las leyes nacionales 27.270; 27.233 y 24.051 y a la Ley provincial de Medio Ambiente 7070 y 7812, en grado de autor. Además, el fiscal indicó que el imputado, de 47 años, también cometió una clara violación al DNU 297/20 y 260/20 de Nación y la Resolución de la Procuración General de la Provincia de Salta 962/20, correspondiente al estado de aislamiento social y obligatorio con motivo del coronavirus.