»Vehículo incautado en el operativo de 2019 (Imagen: prensa Gendarmería Nacional)

Ministerio Público Fiscal.- Tres nuevas condenas se dictaron en los últimos días en el marco de un proceso penal seguido contra una organización delictiva desbarata el 18 de octubre de 2019, cuando ocho de los once implicados fueron detenidos por una investigación iniciada por la Procuraduría Noa, a cargo del fiscal federal, Eduardo José Villalba.

Como sucedió en mayo pasado; cuando la fiscalía obtuvo las tres primeras condenas por acuerdo pleno del caso, entre ellas la de Juan Antonio Lapad, hermano del vicepresidente de la Cámara de Senadores de la Provincia, Mashur Lapad; en los últimos días, y bajo la misma modalidad, el Ministerio Público Fiscal logró otras tres sentencias condenatorias.

Recayeron en Diego Alberto Juárez, condenado a tres años de prisión efectiva por el delito de transporte de estupefaciente; Luis Santiago Figueroa y Eva Choque, quienes recibieron la misma pena, pero en carácter de cumplimiento condicional al ser encontrados partícipes secundarios del mismo delito y tenencia simple de drogas.

Las penas incluyen una multa en los tres casos por 162 mil pesos, costas del proceso y cumplimiento de las reglas de conductas. Fueron formalizadas por el juez federal de Garantías, Julio Bavio. De esta manera, el proceso penal, del cual tomó también intervención el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias y en el ámbito local el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, logró ya la condena de seis de los once imputados del caso.

La acusación
Al momento presentar el acuerdo pleno respecto a la condena de Juárez, Figueroa y Choque, el fiscal sostuvo que integraban «una organización de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, y capacidad para articular acciones» tendientes a sostener el desarrollo de la actividad ilícita que funcionó -al menos- desde el 22 de mayo de 2019 al 18 de octubre, cuando fue desarticulada por la investigación de la PROCUNAR Noa.

Villalba explicó que los acusados «tenían por objeto el tráfico de estupefacientes a través del sistema de postas, con el fin de ingresar droga desde los países vecinos, eludiendo los controles por el territorio de nuestra provincia y acercándola a centros de mayor consumo». Respecto al accionar, se indicó que la banda ingresaba el cargamento desde inmediaciones de Alto La Sierra (Rivadavia), que limita con Paraguay y Bolivia. Una vez que pasaba a territorio nacional, era trasladaba a Coronel Solá (Morillo), otro municipio de la zona.

Luego, la marihuana llegaba a Embarcación, donde la organización cambiaba de vehículos, para luego dirigirse finalmente a Salta, donde la carga era distribuida. De este modo, sostuvo Villalba, se llevó a cabo el transporte de 29 kilos. Este cargamento fue interceptado en la medianoche del 18 de octubre de 2019, sobre la ruta nacional 51, kilómetro 1.880, cuando personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Salta ejecutaron los procedimientos solicitados por la fiscalía para desarticular la organización.

»Sergio Daniel Lapad (Crédito imagen: diario El Tribuno Salta)

La marihuana secuestrada, agregó, era trasladada por López, quien llevaba como acompañante a un menor de 15 años en un auto VW Bora. Juárez y Sergio Lapad, en tanto, circulaban por detrás a modo de custodia en un vehículo Peugeot Partner. La maniobra la completaba Cortez, quien lo hacía en un auto Chevrolet Corsa bajo la modalidad de coche «puntero«.

Pruebas
El fiscal resaltó la contundencia probatoria obtenida por la PROCUNAR Noa, que basó sus conclusiones en una serie de intervenciones telefónicas, informes, seguimientos y otras tareas de inteligencia que permitieron describir la participaron de los imputados.

En ese sentido, Villalba mencionó que Juan Antonio Lapad tuvo a cargo la organización y coordinación del transporte, logística que compartía con su hijo, mientras los Arias fueron los encargados de conseguir el estupefaciente y entregarlo a Sergio Lapad en Morillo, para su posterior traslado a Salta.

Santillán fue quien almacenó la carga en su domicilio, a la vez que actuó como «barredor» en el trayecto que tuvo hasta llegar a Morillo. Cruz, en tanto, facilitó un inmueble en Embarcación, donde Sergio Lapad tenía proyectado ocultar la marihuana hasta su posterior traslado a Salta.

Respecto a Figueroa, la fiscalía sostuvo que hizo el transporte el 17 de octubre, cuando la carga iba a ser trasladada a Embarcación, accionar que se vio frustrado debido a los controles policiales que se encontraban emplazados sobre la ruta 81, situación que él mismo reportó y figura en las intervenciones telefónicas.

Sobre Choque, Villalba explicó que se le imputó la tenencia con fines de comercialización de 128 gramos de marihuana, incautada en su domicilio ubicado en esta capital. En vista de todo ello, y dado el reconocimiento de Juárez, Figueroa y Choque, expresado por los propios imputados en la audiencia del acuerdo pleno, el juez Bavio procedió a formalizar la pena acordada por la defensa y la fiscalía.

Las primeras condenas y la situación de los imputados restantes
Hasta el momento, la más alta de las penas obtenidas a través de un acuerdo pleno fue aplicada a Lapad, quien recibió una condena de seis años de prisión, que cumplirá bajo la modalidad domiciliaria debido al grave cuadro de salud que padece; Eduar Elvidio Santillán, en tanto, fue sentenciado a cuatro años de cárcel, mientras que Marcelo Cruz, otro de los imputados implicados en esta organización, fue condenado a tres años de prisión condicional.

Sergio Daniel Lapad -hijo de Juan Antonio-, Ramón Jesús Cortez, Nicolás Isaías López, Teodoro Armando Arias y su hijo Enzo, en tanto, siguen bajo proceso penal como integrantes de la banda desbarata en octubre del año pasado, a tres meses de la implementación del sistema acusatorio en las provincias de Salta y Jujuy.