En 2022, Delfín Reinaldo Castedo fue condenado a 16 años de prisión, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y del consecuente lavado de activos. Además de rechazar los planteos de sus defensas, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la imposibilidad de confiscar una flota de máquinas agrícolas, en línea con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Angela Ledesma, confirmó las condenas de 2022 contra Delfín Reinaldo Castedo y seis personas por integrar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes habían pedido decomisar un tractor y siete topadoras secuestradas en la causa, en su momento rechazado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta y ahora también revocado por los magistrados.
El 7 de diciembre de 2022, los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Juárez y Marta Liliana Snopek condenaron a Delfín Reinaldo Castedo, a 16 años de prisión bajo cargo de jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico, lavado de activos, como partícipe necesario del delito de “falsificación material de documento público” y coautor de “falsedad ideológica de documento público agravada por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos”.
Raúl Amadeo “Hula” Castedo (hermano) y el martillero público Eduardo Torino recibieron 9 años como miembros de una asociación ilícita; los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi 7 años, y Melba del Carmen Araujo (ex mujer de Delfín) recibió 5 años de prisión. Mario Alberto Yudi (hijo de Alberto) recibió 3 años por lavado de activos pero fue absuelto por el beneficio de la duda por la imputación como miembro de la organización, pero sí recibió una multa a pagar de entre 90.000 a 1.200.000 pesos, como todos los condenados.
Las defensas recurrieron a la Cámara Federal de Casación sosteniendo que el Tribunal aplicó erróneamente la ley, valorando arbitrariamente la prueba, argumentando también que durante el juicio se impidió una correcta defensa; con acusaciones sorpresivas de parte de la fiscalía.
Casación, sin embargo, recordó que quedó acreditado que los acusados “liderados por Delfín Castedo, al menos desde el año 2000 en adelante; e incluso una vez producidas las detenciones de los hermanos Castedo en 2016 integraron una asociación ilícita destinada fundamentalmente al tráfico de estupefacientes, relacionada también al mercado europeo; conformando una organización criminal”; marcando también la participación del fallecido ex diputado provincial Ernesto Aparicio, quien era el propietario de la finca “El Pajeal”.
“Delfín Castedo lideró una empresa criminal de tamaña envergadura que contrabandeaba droga principalmente desde Bolivia hacia nuestro país mediante un paso internacional, paso privado y sin control ni restricciones, del que se valió a través del dominio territorial sobre la finca El Pajeal, y que intentó extender sobre la finca El Aybal, ejerciendo un señorío absoluto sobre la frontera que ocupaba la finca, punto neurálgico de sus negocios”, manifestan y sostuvieron que el eje de la organización se encontraba abocado a lograr el dominio sobre la frontera argentino-boliviana, “a cuyos fines devino central la ubicación estratégica” de ambas fincas.
Resaltan que la empresa “se encontraba sustentada sobre rasgos de clan de corte familiar, (…) formaban parte la madre de los hijos de Delfín Castedo, Melba del Carmen Araujo, su hermano Raúl Castedo, amigos de toda la vida como Luis y Alberto Yudi y profesionales vinculados al negocio inmobiliario y la explotación agropecuaria como Eduardo Torino, cuya lealtad pudo ser demostrada a partir de la prueba testimonial rendida en el debate, los resultados de las escuchas oportunamente dispuestas, y la prueba documental allegada al proceso, y cuyo eficacia criminal pudo alcanzarse aun encontrándose el líder detenido”.
Consideraron probada la fortuna resultante producto del dinero y bienes derivados del narcotráfico y contrabando que desplegaba y la administración de las ganancias en bienes registrables y no registrables, bajo pantalla de actividad económica rural por la explotación de la finca “El Pajeal”. Melba del Carmen Araujo, marcaron, compró un auto en 2016 a su nombre; gestionado y abonado por Delfín Castedo con dinero del narcotráfico a fin de asentar un bien registrable bajo apariencia de licitud. Para los comerciantes Mario Yudi, Alberto Yudi y Luis Yudi los señalaron como encubridores de un delito especialmente grave; rechazando así los argumentos de las defensas.
La maquinaria agrícola y el decomiso
La Sala II aprobó el decomisar un tractor y siete topadoras que fueron secuestradas en el marco de la causa, peticionado por Procunar NOA y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes; maquinarias valuadas en 1.750.000 dólares estadounidenses, junto a las fincas El Pajeal y El Aybal (más de 23 mil hectáreas), ubicadas en Salvador Mazza (Salta), en el límite con el Estado Plurinacional de Bolivia.
En cuanto a las maquinarias, los magistrados de juicio rechazaron expedirse al respecto por entender que los bienes en puja estaban fuera de su jurisdicción ya que sostuvieron que ya existía una orden judicial que dispone la tenencia de los mismos en calidad de depositario judicial. Se trata de una resolución del Juzgado Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº2 de Lomas de Zamora (Buenos Aires) en favor de la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Concluyeron, finalmente, en los numerosos instrumentos internacionales que Argentina firmó y que imponen el deber de realizar acciones concretas para decomisar bienes y recuperar activos de origen ilícito, cuyo incumplimiento o inobservancia podría derivar en consecuencias de rechazo internacional. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
