Nuevo Diario de Salta.- Con esas palabras Alejandro Jaime Braun Peña, titular registral de la Finca Cuchuy, ubicada en la jurisdicción de Ballivián, en el departamento San Martín, intimó por carta documento a la asociación ambientalista a cesar en 48 horas en su denuncia contra el desmonte de casi nueve mil hectáreas que se realiza en una zona donde hay familias criollas e indígenas. La misiva llegó a Greenpeace el 12 de enero pasado y ayer fue contestada.
Las acusaciones de Greenpeace contra quien es primo segundo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y director de empresas del presidente de la Nación, Mauricio Macri, tienen que ver con un desmonte que la Provincia autorizó en tierras que debían ser conservadas, dado que estaban en color rojo y amarillo según el mapa del Ordenamiento Territorial de la Provincia.
Cuchuy fue uno de los casos más emblemáticos por haberse realizado en un marco cuestionado por diversas asociaciones de expertos y por las mismas comunidades. La audiencia del desmonte se hizo un 23 de diciembre de 2013.
En 2014 se autorizó el desmonte. Y ese mismo año y ante las repercusiones negativas de los decretos, se decidió derogar las normativas como reconocimiento de un error. Sin embargo, el permiso de desmonte siguió en pie y, según lo ratificado ayer por la ministra de Ambiente, Trabajo y Producción de la provincia, Paula Bibini, fue legal.
“Daños a mi imagen y a mi persona”
Este fue un argumento volcado por Braun Peña al indicar que en “Finca Cuchuy… se están llevando a cabo determinadas obras que fueron previamente autorizadas y aprobadas en el año 2014 por el gobierno de dicha provincia, mediante los correspondientes expedientes administrativos, los cuales se encuentran a disposición de Greenpeace. Por tanto manifiesto que he respetado en todo momento y al pie de la letra todas las exigencias que se hubieran impuesto dentro del marco de los expedientes antes mencionados, por ello insisto en que he realizado las obras en el marco y al resguardo de las normativas municipales, provinciales y nacionales, por lo que los reiterados ataques que Greenpeace realiza contra mi propiedad y mi persona carecen de sentido, de todo sustento legal y fáctico, y serán ventilados mediante las acciones judiciales que se promoverán al respecto, una vez que contemos con el resultado de la presente misiva”.
Braun Peña indica en la carta documento la necesidad de enviar la misma dado que toda la situación “me causa irreparables daños y perjuicios contra mi imagen y persona. Dichos perjuicios se extienden a facetas no solo comerciales sino también familiares y personales”.
Respuesta de Greenpeace
La carta documento fue notificada a Greenpeace el 12 de enero y ayer fue contestada. Los ambientalistas ratificaron “la información relativa a la deforestación ilegal que se está realizando en la Finca Cuchuy, dado que… el artículo 14 de la Ley de Bosques (nacional), dicta que ‘no podrán autorizarse desmontes nativos clasificados en las categorías I (rojo), y II (amarillo).
La Finca Cuchuy fue clasificada por la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las categorías I (rojo), y II (amarillo), donde se prohíben desmontes. Cualquier acción, modificación, alteración o autorización contraria a dicha normativa resulta violatoria de la Ley de Bosques Nativos”.
Agregaron que su objetivo es el cumplimiento de la Ley de Bosques y todas las normativas concordantes, por lo que exhortaron a Braun Peña al “cese inmediato de la operación de desmonte en la Finca Cuchuy, lo que solicitamos formalmente a través de esta misiva”.
