»Imagen: prensa Ministerio Público Fiscal

Ministerio Público Fiscal.- Se sumó a una cuarta imputada, Nancy Romero, prosecretaria del club Central Norte de Embarcación. Se habría montado un esquema de cobro de multas, intereses y otras acciones intimidatorias para mantener de rehenes a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE; y el Sueldo Social Complementario, SSC.

Tras dos audiencias recientes, el fiscal federal Eduardo José Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual expusieron el accionar de los ahora cuatro imputados por los delitos de defraudación a la administración pública y extorsión en Embarcación (Salta). El segundo delito se agregó en una ampliación de la investigación penal iniciada el 30 de abril pasado.

El caso, como se informó, se inició a partir de una denuncia de la Anses ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº12 de la Capital Federal, a cargo de Alejandra Mángano, quien trabajó de manera coordinada con Villalba en la primera etapa de la investigación.

En los últimos días, y tras los resultados de las tareas, tanto en la capital salteña como en Embarcación, donde el equipo de trabajo de la fiscalía se constituyó para recibir las declaraciones testimoniales de más de 30 personas, Villalba solicitó la detención de otra dirigente del Club Central Norte de Embarcación, como así también la ampliación del objeto de investigación.

En virtud de ello, el juez federal de Garantías de Tartagal Carlos Martínez Frugoni ordenó la detención de Nancy Romero, prosecretaria del club Central Norte, que se sumó a los otros acusados: el presidente de la entidad Jorge Moya, su pareja Moira Pabloff y el secretario Jesús Horacio Tarqui; se les habían imputado los delitos de estafa y fraude a la administración pública el 30 de abril pasado, al día siguiente de ser detenidos.

Dicha imputación respondió a la investigación inicial realizada por la fiscalía ante la denuncia recibida por Mángano, que se circunscribía a irregularidades en el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el subsidio de 10 mil pesos provisto por el gobierno nacional en el marco de la pandemia del COVID-19.

Posteriormente, la fiscalía descubrió que las maniobras también comprendían otro plan social, en este caso el Salario Social Complementario; se estima que la conducta delictiva es de larga data.

»Jorge Moya

Extorsión
Los detalles de la investigación, que aún está en curso, fueron presentados por el fiscal Villalba en una segunda audiencia en torno a este caso, en la cual amplió el objeto de investigación; como así también sumó un nuevo delito, extorsión, a los cuatro acusados.

En la audiencia, que contó con la participación de la abogada querellante por la Anses, Verónica Viera, el fiscal indicó que se pudo establecer que los acusados habrían ejercido conductas tendientes a empadronar a beneficiarios, tanto del plan social del IFE como del Salario Social Complementario.

Afirmó que el objeto de los imputados, al tramitar dichos empadronamientos, era el de beneficiarse de su cobro por parte de los que pasaron a ser los verdaderos afectados, con lo cual se desnaturalizó el objetivo de dichos planes, descriptos en los instrumentos legales que los crearon como una herramienta destinada a «mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social«.

«Las numerosas testimoniales, las escuchas telefónicas, los informes de las fuerzas de prevención, la documentación secuestrada, entre otras pruebas, indican que los acusados llevaban adelante esta conducta fraudulenta en contra del estado nacional, al menos, desde 2019», sostuvo el fiscal.

Señaló, además, que no sólo consistió en la captación y empadronamiento de los beneficiarios, sino en un elaborado esquema de monitoreo y vigilancia de la percepción de esos fondos dirigidos a personas de vulnerabilidad extrema.

«Hemos detectado conductas como las de engaño, intimidación, amenazas hacia los beneficiarios. Todo ello, dirigido a obtener una parte de ese dinero, en algunos casos a través de sumas que iban de 750 a 1.500 pesos, aunque también se advirtió que se apropiaban de todo el monto del beneficio, para lo cual retenían las tarjetas de débito», precisó.

Villalba reiteró que en el caso del SSC, el beneficio «está dirigido a personas de vulnerabilidad extrema social y económica, pues así lo define el decreto que lo crea. La finalidad del mismo consiste en contribuir a la satisfacción de necesidades básicas de la familia y proveer, a través de huertas o la adquisición de un oficio, el sostenimiento de proyecto socio productivo».

»Ciudad Judicial Tartagal

Lejos de ello, «Moya, Plabloff y Tarqui, bajo la fachada del club Central Norte, dirigieron los planes en provecho propio, haciéndolo un medio de sustentabilidad y de vida, tanto del club, pero principalmente de ellos mismos, con lo cual engañaron al Estado Nacional y ocasionaron un perjuicio a las personas que deberían haber recibido esos beneficios».

Tal fue el accionar, agregó, que los acusados «usufructuaron» la tarea de control correspondiente al estado, ya que disponían el cese del otorgamiento del beneficio a través de denuncias. Destacó como prueba de cargo el relato ofrecido por los testigos, 27 de los cuales coincidieron en señalar a los acusados como los autores del fraude.

Testimoniales
El grado de intimidación al que eran sometidos, sostuvo el fiscal, se advirtió en las mismas declaraciones testimoniales, pues varios testigos indicaron que pese a estar ante la presencia del abogado de Moya, a quien conocen por la íntima amistad entre ambos, manifestaron que igualmente iban a declarar lo que sucedía.

«Y lo que sucedía era la apropiación indebida de fondos por parte de los acusados, quienes se quedaban con una suma de 750 pesos en concepto de cuota social del club, cuando ninguno de los afectados adujo querer ser socio de dicha entidad, por lo que ese dinero era pagado de manera compulsiva, incluso en algunos casos el monto ascendía a 1.500 pesos», sostuvo el fiscal.

Villalba resaltó que la cuota de 750 pesos se trata de una suma «exorbitante» para un club local, en Embarcación, máxime si se compara, por ejemplo, con los 600 que cobra San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires. «Este dinero tenía otra finalidad», añadió.

«Tenemos por acreditado que parte de los fondos iban destinados a pagar a los jugadores del club», ya que se pudo comprobar que «cinco jugadores perciben la remuneración a través de fondos de planes sociales, o bien, lo hacen a través de sus mujeres, con lo cual se desnaturaliza claramente el objetivo de los planes sociales».

Esquema
Entre otras conductas advertidas de las declaraciones testimoniales, como así también cotejadas con las pruebas recolectadas, se reparó en varias maniobras extorsivas, las cuales «rozan» el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en el cual la imposición de multas, por ejemplo, era un común denominador.

»Fernanda Raverta, titular de Anses

En ese sentido, Villalba explicó que los acusados habían montado un esquema de monitoreo y extorsión «aterradora», en el cual se aplicaban multas o intereses a los beneficiarios que no cumplían con las exigencias instauradas por los imputados, que giraban no sólo respecto del dinero que debían entregar, sino con tareas específicas que debían cumplir.

Entre ellas señaló la de cortarle el pelo al comisario de la localidad, lo que explica, de alguna manera, por qué las denuncias que realizaron nunca tuvieron curso; el posteo de actividades del club, en especial nombrar a Moya, en sus cuentas personales de redes sociales; la asistencia a reuniones del club y la venta compulsiva de cartones de un bingo de esa entidad, entre otras.

La demora o incumplimiento de estas asignaciones, expresó Villalba, tenía su penalidad. «Se aplicaban multas, algunas de mil pesos; el pago de intereses a los que no vendan determinada cantidad de cartones del bingo, mientras que otros castigos más duros consistían directamente en el bloqueo de la tarjeta de cobro».

Una de esas multas, por ejemplo, «fue aplicada a la locutora de la radio, empleada por el club, quien tenía la obligación de hablar bien del club y de sus directivos, pero como su labor no era de su agrado, fue penalizada», con lo cual se advierte la arbitrariedad con la que se manejaban los acusados.

El representante del MPF indicó que el poder extorsivo sobre los beneficiarios llevó incluso a que un presunto brazo ejecutor de los acusados, como sería el caso de Romero, haya seguido con el cobro irregular de las cuotas a los beneficiarios aún después de la detención de Moya, Pabloff y Tarqui.

Para el fiscal «el poder de los imputados también se ve manifestado en una gran base de datos que crearon, en la cual se encuentran todas las personas potencialmente destinatarios del plan social IFE o SSC. Esa base de datos comprendía fotocopia de DNI, fotos del documento, datos personales, las tarjetas de débitos y las claves de las mismas».

Violencia psicológica
Al referirse a los métodos extorsivos, Villalba resaltó la «violencia psicológica» expuesta por los beneficiarios en sus testimoniales. «Los afectados eran objeto de violencia psicológica que se extendía desde el maltrato, la humillación hasta un trato prácticamente militar, todos ellos inadmisibles».

»Imagen ilustrativa

«También, y según surge de una denuncia, estamos frentes a casos de acoso psicológico y también sexual. Esa violencia se demostraba en reuniones públicas, donde los beneficiarios padecían humillaciones públicas, lo cual adquiría un mayor prejuicio cuando sucede en comunidades pequeñas, como en este caso».

Otra de las modalidades extorsivas utilizadas por los acusados consistía en la posibilidad del bloqueo de la tarjeta de débito, lo cual era fácil de hacer a partir de la base de datos que los acusados habían construido, lo que «ejecutaban quizás con la complicidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación».

En ese sentido, el fiscal dijo que «en agosto 2019, luego de que numerosos beneficiarios se rebelaron a las maniobras de los acusados, se observa, casualmente, ese mes una gran renuncia de ellos«.

Esa fecha coincide con la denuncia radicada por los imputados en el Juzgado Federal de Tartagal (Ciudad Judicial), en la que señalaron que había personas que cobraban los planes sin trabajar, y como prueba de ello presentaron un padrón con los datos personales de los mismos. «Esa denuncia no tuvo otro objeto que el de ser un medio más de extorsión y amenaza para las personas que, de pronto, dejaban de aportar el dinero o el trabajo de la manera que los acusados exigían», precisó.

En vista de estos elementos de prueba, y otros más expuestos a lo larga de una larga audiencia, el fiscal solicitó la ampliación del objeto de la investigación penal, pues las evidencias presentadas indicaron que el fraude correspondía también al cobro del Salario Social Complementario.

Asimismo, el MPF añadió a la acusación el delito de extorsión, aunque no descartó que a lo largo de la pesquisa surjan otros cargos. En vista de la prueba y acusación, el juez dio por formalizada la ampliación requerida por la fiscalía, como así también extendió la prisión domiciliaria de los acusados por dos meses más.