Días atrás, un finquero de nombre Héctor Barroso denunciaba públicamente que la Municipalidad de Salvador Mazza y el administrador colocado por la Universidad de Buenos Aires habían invadido terrenos de su propiedad para abrir caminos al contrabando. Sin embargo, varias familias habitan en el lugar desde hace una centuria y poseen comprobantes de pago efectuados a la comuna que lo acreditan, y desmienten las denuncias, asegurando que solo se reponen caminos para no dejar aisladas a las comunidades.
Barroso es uno de los vecinos que impulsa una serie regulaciones para los finqueros y residentes de frontera, entre las que cuenta otorgar títulos de propiedad; iniciativa con la cual viajó en 2020 a Capital Federal; ya que reclama como de su propiedad terrenos que sirvieron como caminos para la comunidad El Sauzal, vecinos que el año pasado ganaron notoriedad por abrir ellos mismos la vía de paso.
El finquero Barroso los denunció por usurpación, punto sobre el cual se pidió la definición de límites al Gobierno Provincial. “Él dice ser dueño desde la extensión de El Sauzal, Madrejones, San Cayetano, La Playa hasta Sector 5 (…) cuando ahí hay gente que vive hace casi 100 años”, detalló el periodista Raúl Costes. Además, por ese mismo espacio se ubican los terrenos ex propiedad del clan Castedo, bajo la administración de Hugo Muñoz (designado por la Universidad de Buenos Aires). Sobre el camino que abrió “para facilitar el contrabando” (de acuerdo con declaraciones de Barroso), el periodista explicó que “la municipalidad utilizó las maquinarias incautadas y abrió y mejoró el camino, que no lleva a Bolivia sino a El Sauzal”.
El máximo interés de Barroso; “se dice dueño y asegura poseer certificados y títulos, que su padre tramitó, pero nunca los exhibió (…) si el padre los compró, los compró con la gente adentro y no es entendible que haya pasado eso”; es un generoso beneficio que otorgan las empresas petroleras por usar los terrenos para sus trazados internacionales. “Si meten las máquinas, él exige que le paguen (…) pero además, Provincia tiene intención de comprar esos terrenos fiscales, a un millón de pesos la hectárea, solo que Barroso quiere cinco millones y eso provocó que todo se demore”, finalizó Costes.