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El 17 de abril de este año, cinco personas, entre ellas dos jefes de policía, denunciaron a un efectivo de la fuerza por uso del arma reglamentaria en la vía pública y de manera intimidatoria. Se agregaba también que el efectivo vestía el uniforme de Policía de Salta y estaba ebrio al momento de los sucesos.

Así se estableció por Decreto 1725 del Ministerio de Seguridad, con fecha 28 de noviembre y las firmas del gobernador Juan Manuel Urtubey, el ministro de seguridad Dr. Carlos Oliver y el secretario Simón Padrós; publicado en el Boletín Oficial de Salta.

Tres personas radicaron denuncias ante la Comisaría 40 de Salvador Mazza por la conducta amenazante del agente David Balboa (35) en la madrugada del 17 de abril último en Barrio Ferroviario, que puso en riesgo también a dos jefes de la fuerza; el Sargento Ayudante Matías Torres y el Comisario Inspector Rodrigo Miguel Antonio Arana.

Todo ocurrió a las 00.40 horas de ese día. El agente en cuestión se encontraba visiblemente ebrio (2,59 g/l de alcohol en sangre), conducía un vehículo y vestía además el uniforme de Policía. El testimonio de los denunciantes expuso que exhibió y luego disparó un arma en la vía pública y de manera intimidatoria.

El hecho trascendió y tomó estado público, por lo que el agente Balboa fue detenido y se le inició un sumario administrativo, cuestión que también dio origen a la causa penal GAR- 80.970/2.019, caratulada: “Balboa, David por amenazas, abuso de arma, atentado a la autoridad en perjuicio de Torres, Matías – Márquez, Dayana Janet – Ortiz Vargas, Elsa Beatriz – Coimbra, Daniel David – Crio. Inspector Arana, Rodrigo”, tramitada ante el Juzgado de Garantías Nº1 Distrito Judicial Tartagal.

La imputación de la acción penal se debió a los delitos de abuso de arma, atentado a la autoridad y amenazas (a compañeros y superiores), como así también en el posterior secuestro del arma reglamentaria.

Finalmente, el Dictamen N° 136/2.019 de la Auditoria General de la Oficina General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, se declaró responsable administrativamente al agente y la sanción aplicada fue su exoneración (expulsión) de la Policía de Salta.