La abogada ya radicó la denuncia por la sospechosa muerte del referente social, detenido tras los disturbios en septiembre de 2015 en el predio de Vertúa SA en Morillo, y fallecido por un señalado “paro cardio respiratorio” en 2016. La letrada recordó que de la autopsia se desprendió que el cuerpo presentaba un pinchazo en la peridural, pero no se consignan cuáles pudieron ser los motivos.
“Salta se ha constituído como una provincia modelo en materia judicial y no podés escuchar a especialistas que te digan no sé todo el tiempo”, dijo Esper. La abogada tachó de “torpe” el intento de hacer parecer, de manera taxtativa, como fallecimiento natural el deceso de Moreno.
“En la misma investigación se encontraron elementos que consignaban errores en el diagnóstico (…) te encontrás con un informe de autopsia que; entre otras cosas; señala que evidentemente Pablo (Moreno) presenta un pinchazo en la zona peridural, pero no sabén por qué, no saben para qué, no saben por qué no tenía líquido en la vegija, que se broncoaspiró y no sáben por qué, y vamos al análisis anatomopatológico y dice que tenía una patología pero no sabemos cuál”, presentó.
Ante la falta de respuestas; todo en base al testimonio que se escuchó en el juicio a los nueve imputados por el caso Vertúa; la abogada Esper cuestionó que “estamos hablando de la provincia de Salta, que se autoerigió como una de las provincias que mayor equipamiento cuenta en materia forense y en las investigaciones, así que cómo es esto de No Sé. No sabe la forense, no sabe el anatomopatólogo”.
En el juicio se estableció que Moreno arrojó, efectivamente, una de las antorchas. Esto en base a los dichos; tardíos; del testigo Rios, quien confirmó lo ocurrido, pero que se debió a que “se roció con el líquido combustible y se prendió fuego, así que lo arrojó sin dirección”. Para Esper, el referente fue muerto aprovechando una ocasión en que ella no estuvo para llevarle la comida a la celda.
Los elementos que recaba la abogada, dijo, servirán para que la familia pueda iniciar acciones legales contra el estado provincial para que puedan ser indemnizados, “mínimamente“, recalcó. “Hay una Ciudad Judicial inerte en Tartagal (…) con todo lo que exponga quedará mal la provincia de Salta, nacional e internacionalmente (…) no necesariamente tiene que ver el gobernador, pero el estado provincial sí”.
Esper nombró también una lista de responsables de las muchas irregularidades que denunció desde la detención hasta la llegada a juicio de los manifestantes detenidos. “Si no voy de abogada voy de testigo”, sentenció. Entre ellos figura la fiscal penal de Embarcación, Lorena Martínez, el comisario Gómez (se dijo actual Jefe de Infantería en Tartagal en el juicio, en ese momento 2º jefe de la Brigada de Investigaciones), y el comisario Calermo (jefe de la Brigada de Investigaciones).
