»Parte de los caños extraídos, hallados en General Mosconi (Imagen: prensa Gendarmería Nacional)

Nuevo Diario de Salta.- Este martes 26 de mayo no habrá sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, y por lo mismo, el proyecto de ley del diputado Ramón Villa en que se solicita la intervención del municipio de Aguaray se traslada ahora para la sesión del próximo martes, 2 de junio. 

El diputado Ramón «Rana» Villa (Rivadavia-FpV) es quien propicia intervenir esa comuna situada en el departamento San Martín, tras el escándalo que alcanzó ribetes nacionales por la apropiación de 35 km de caños del gasoducto Noa-Nea. La Justicia federal investiga al intendente de Aguaray Jorge Prado, e inclusive ya fue imputado por el robo de este material, junto a un empresario. 

Prado está involucrado atento a que emitió la Resolución Municipal 1215-019 en la que se resolvía otorgar a la empresa OSYP SA los 35 km de caños que pertenecían al Estado Nacional y a la Provincia. Días recientes, efectivos de Gendarmería Nacional concretaron un allanamiento en la Municipalidad de Aguaray. Según trascendió, habría desaparecido una computadora.

»Diputado provincial Ramón Villa (Imagen: prensa Cámara de Diputados)

El accionar de la Justicia no se detendría, ya que se busca los caños en distintas empresas y firmas; según trascendió, en Salta, estos valiosos caños estarían en fincas del sur de la provincia, involucrando al ex diputado nacional Alfredo Hugo Olmedo. Aprobar el proyecto de ley para intervenir al municipio norteño requiere los dos tercios del cuerpo legislativo, lo mínimo que debe alcanzar son 45 votos. 

El diputado Villa sostiene que habría consenso para su sanción. «Creo que el pronunciamiento debe ser unánime porque estas situaciones le hacen daño a la política y al sistema democrático. No debemos permitir que haya más actos de corrupción y que  personas que fueron elegidas por el voto popular se conviertan en delincuentes en contra del Estado».

De lograr sancionar la intervención del municipio norteño, una vez que ocurra lo propio en el Senado, luego será el Poder Ejecutivo quien deberá promulgar la ley y designar el comisionado interventor.