»Sandro Berthe (Foto: Gustavo Figueroa)

 

Poder Judicial Rio Negro.- Las dos partes acusadoras solicitaron al Tribunal que los siete policías imputados sean condenados a la pena de prisión perpetua, aunque optaron por encuadrar los hechos en calificaciones legales diferentes. El juicio se desarrolla ante la ex Cámara Criminal Segunda de Roca, que preside la jueza María Evelina García Balduini e integran sus pares Oscar Gatti y Gastón Martín.

 

»Pablo Albarrán era el oficial que conducía el patrullero, por lo tanto el de mayor responsabilidad (Foto: Gustavo Figueroa)

 

El salón Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca fue ocupado al límite de su capacidad por el público que asistió a la audiencia. Los alegatos continúan este miércoles 4 de julio a partir de las 12:30 con la exposición de los abogados defensores Ricardo Thompson y Pablo Iribarren y finalizan el jueves 5 a las 9 horas con los alegatos finales del defensor particular Pablo Barrionuevo y el defensor oficial Gustavo Viecens.

 

»Juan Barrera (Foto: Gustavo Figueroa)

 

El abogado por la parte querellante, Leandro Aparicio, expuso hoy en primer término y utilizó las dos horas y media asignadas por el Tribunal como tiempo máximo para alegar.

Concluyó con un pedido de prisión perpetua contra los siete imputados, a quienes atribuyó la coautoría del delito de “homicidio agravado por alevosía, por promesa remuneratoria, por el concurso premeditado de dos o más personas, por ser criminis causa (para facilitar, consumar u ocultar otro delito) y por haber sido cometido en abuso de la función policial”.

 

»La fiscal jefe Teresa Giuffrida realiza sus alegatos (Foto: Ministerio Público de Rio Negro)

 

Por su parte la Fiscal Teresa Giuffrida, por la acusación pública, solicitó para todos la pena de “prisión perpetua más inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada, más las accesorias legales y costas del proceso”.

Acusó a los imputados Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera como “coautores del delito de vejaciones en concurso real con desaparición forzada de persona seguida de muerte”; a Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Cuello como “coautores de desaparición forzada de persona seguida de muerte, en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público” y a Héctor César Martínez como “coautor de desaparición forzada de persona seguida de muerte, en concurso real con abuso de autoridad, en concurso ideal con falsedad ideológica -en carácter de autor-”.

 

»Pablo Bender es visto por más de un testigo dentro de Macuba (Foto: Gustavo Figueroa)

 

Giuffrida sostuvo que si bien el delito principal (desaparición forzada) es una figura cuyo juzgamiento corresponde a la Justicia Federal, el Tribunal rionegrino que lleva adelante el presente proceso fue habilitado por la Corte Suprema de Justicia para dictar una eventual condena por ese delito, en oportunidad de pronunciarse el máximo tribunal del país sobre la competencia para realizar este juicio.

Por último la fiscalía requirió que en caso de dictar una condena el Tribunal imponga también a los acusados la prisión preventiva, por considerar latente el peligro de fuga.

 

»Martínez fue el primer policía que estuvo en contacto con la familia Solano (Foto: Gustavo Figueroa)

 

Disposiciones para el público
El Tribunal recordó que están vigentes para el público en general las pautas de seguridad y organización que se vienen implementando desde el inicio del debate. Eso incluye la prohibición de efectuar manifestaciones o exponer consignas o símbolos de cualquier tipo que puedan perturbar el normal desarrollo de la audiencia o generar situaciones de conflicto.

Por otra parte, el uso de teléfonos celulares y equipos de fotografía y/o grabación sólo está permitido a los trabajadores de medios de comunicación que hayan solicitado su credencial en la Delegación de Comunicación Judicial de la Segunda Circunscripción.

Cabe señalar que esas disposiciones derivan de las facultades disciplinarias que la ley asigna a la Presidencia del Tribunal durante el juicio, que incluyen la posibilidad de ordenar el desalojo de la sala y de aplicar sanciones de distinta gravedad en casos de incumplimiento.

 

»Sala llena el primer día de los alegatos (Foto: Poder Judicial de Rio Negro)