»Imagen: prensa Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio Público Fiscal.- Tartagal celebró 229 audiencias y llegó a 32 condenas, de las cuales siete se obtuvieron durante el aislamiento obligatorio. En ese mismo lapso, Orán abrió 330 causas y acumuló 21 sentencias condenatorias. Proceso común, flagrancia o por aplicación de las distintas alternativas de resolución de conflicto, recursos previstos en el Código Procesal Penal Federal, fueron aplicados por Tartagal y Orán. La implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy cumple mañana un año.

Establecido en el artículo 22, la «solución de conflicto» constituye uno de los recursos de mayor lustre en este nuevo modelo que, tal como señala la norma, busca brindar «soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social». Desde la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, su titular Marcos Romero y el auxiliar fiscal Rafael Lamas resaltaron algunas de las bondades del nuevo código procesal, que pudieron ver en pleno uso desde su entrada en vigencia.

Desde el 10 de junio de 2019, fecha dispuesta por la Comisión Bicameral de Seguimiento de implementación del Código Procesal Federal para su puesta en marcha en Salta y Jujuy, el fiscal Romero sostuvo que en Tartagal la fiscalía llevó adelante 229 audiencias. Se lograron 32 condenas, de las cuales siete fueron obtenidas dentro del período de aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional a través de los DNU 297 y subsiguientes en el marco de la pandemia del COVID-19.

Además, fue la sede fiscal que recibió la primera consulta dentro del acusatorio. Fue el mismo 10 de junio a las 19, cuando se produjo un hecho de uso indebido de DNI en la frontera de Aguas Blancas, en el límite fronterizo con Bolivia. Al respecto, Romero explicó que «este caso se resolvió por aplicación del criterio de oportunidad al mes y medio con la aplicación de una condena por acuerdo pleno con la defensa de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de contrabando de importación de estupefacientes».

El caso implicó la detención de Jhon Sebastián Agudelo Restrepo, un ciudadano colombiano que intentaba ingresar a la Argentina por el Puente Internacional de Aguas Blancas con una carga de 7 kilos y medio de cocaína, oculta en el interior del cuadro de la motocicleta que conducía. Agudelo Restrepo fue detenido el 27 de agosto de 2019, mientras que el 25 de septiembre, un mes después, la fiscalía ratificó la acusación en la audiencia previa al juicio. El 8 de octubre, en tanto, la fiscalía arribó a un acuerdo pleno con la defensa, instancia que significó el cierre del caso.

Todoterreno
Desde Orán, el equipo de trabajo de la fiscalía integrado por el fiscal José Luis Bruno y los auxiliares fiscales Luis Francisco Valencia y María del Carmen Núñez abrió 330 causas en el primer año del acusatorio, de las cuales 21 terminaron con condenas.

Al igual que Tartagal, esa sede llevó adelante numerosas actuaciones por el tráfico de estupefacientes, contrabando de cigarrillos, hojas de coca y otras mercaderías, propias del paso ilegal por la zona de frontera, hechos que pudieron ser encaminados en distintas causas penales.

»Ciudad Judicial Tartagal (Imagen: prensa judicial)

La detención en Orán del ex cónsul de Bolivia en esa ciudad, Diego Fernando Vega Ibarra, el 5 de diciembre de 2019 con 8 kilos de cocaína en el baúl de su automóvil, permitió demostrar la celeridad del nuevo código, pues en un lapso de 21 días de proceso, la fiscalía obtuvo una condena por acuerdo pleno de cinco años de prisión para el ex diplomático.

No obstante, y ante el desafío de enfrentar causas de cierta envergadura, ya sea por la cadena delictiva que la precede o por la talla de los implicados, la fiscalía superó otra prueba de peso al aplicar las herramientas del acusatorio en importantes casos. Entre ellos pueden mencionarse la imputación celebrada al  intendente de la localidad de Aguaray, Jorge Enrique Prado; el secretario de Hacienda de ese municipio, Freddy Marcelo Céspedes y el empresario Diego Andrés Alos, titular de la firma OSYP SA.

Fue por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, calificación que surge de una investigación realizada por la fiscalía tras la denuncia de robo sistemático de cientos de caños del Gasoducto Nea, hecho cometido en perjuicio del estado nacional por una cifra millonaria.

Cualidades
«Uno los aspectos más destacados del sistema acusatorio tiene que ver con el principio de concentración de actos, una herramienta que prevé este modelo y que permite que las audiencias adquieran, en varias ocasiones, un marco de multipropósito, en el que se pueden atender varios asuntos», indicó el fiscal Romero.

En ese contexto, destacó también la celeridad del sistema vigente. «Es absolutamente notoria, más aún si se la compara con el modelo mixto, donde muchas causas podían terminar archivadas o prescriptas. Con este nuevo proceso, en cambio,  se puede avanzar rápidamente, ya que tiene varios caminos claramente determinados en la norma, como la suspensión de juicio a prueba y el acuerdo pleno, por medio de los cuales se puede arribar a una resolución de conflictos», agregó.

El trabajo durante la pandemia
El auxiliar fiscal Lamas, en tanto, señaló que «fue clave la actividad desformalizada ya prevista por el nuevo código, como así también la firma digital y otras herramientas que abreviaron la labor y la hicieron más segura frente a la pandemia». «En los primero días estábamos muy expectantes, temerosos tal vez, pero con el correr del tiempo y la disposición de servicio, permitió sacarle mucho provecho a este nuevo sistema. No sólo en el marco propio de la persecución penal, sino también en beneficio de la comunidad», elogió.

En tal sentido, mencionó la entrega de un camión con acoplado a las autoridades de la provincia a fin de ser utilizado en el marco de las acciones de prevención contra la pandemia. Se trata de un rodado de gran porte, secuestrado el 17 de enero pasado, cuando intentaba pasar de Bolivia a Argentina 207 kilos de cocaína.

Por su parte, el fiscal Bruno resaltó que «en plena pandemia hemos seguido dando respuestas a la sociedad y los procesos no se interrumpieron, ya que este sistema permitió seguir con la realización de las audiencias». En tal sentido, el auxiliar fiscal Valencia destacó la inmediatez del proceso. «Fue un giro de 180 grados en materia de litigio, en especial por el principio de oralidad, que permitió avanzar rápidamente con el curso de las investigaciones penales«, indicó.

Además, Bruno destacó que el legajo informático «es de mucha ayuda» pues las partes pueden tener acceso y tomar conocimiento de los indicios y pruebas que el MPF ha colectado, lo que permite que se dé un estricto cumplimiento al principio de igualdad de partes, consagrado en el artículo 2 del nuevo código.