El Ing. Diego Fernando Vega Ibarra; ex cónsul de Bolivia; fue sometido ayer a una audiencia de imputación por el fiscal federal de Orán, José Luis Bruno y el juez federal Carlos Alberto Frugoni. Se le imputó el delito de “transporte de estupefacientes” y se le aplicó prisión preventiva por 20 días; tras lo cual habrá una nueva audiencia.
El ex diplomático (para el gobierno boliviano); Vega Ibarra (36); negó que haber colocado la droga en el compartimiento de la rueda de auxilio de su vehículo, una camioneta JAC S2 modelo 2018.
El Dr. Carlos Martínez Frugoni; juez federal de Tartagal; manifestó a su vez que los gendarmes del control en el Puesto 28 aseguraron detener la camioneta de Vega Ibarra porque circulaba a alta velocidad.
Otro punto que destacó de la declaración del ciudadano boliviano fue el status diplomático. El ingeniero asegura que continúa siendo Cónsul por Bolivia, señalando a la actual situación política de su país (gobierno de Jeanine Áñez) es la que apartó del cargo, pero se hizo incapié desde las autoridades argentinas en que no ejerce como tal a partir del 5 de diciembre.
En la intervención colaboró la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Solernó, como así también de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA, a cargo del fiscal, Eduardo Villalba.
El fiscal federal de Orán, José Luis Bruno; y de Tartagal, Marcos Romero, solicitaron al juez se dicte la prisión preventiva de los acusados por el mismo tiempo del plazo de la investigación (20 días), y para ello fundó su pedido en el peligro de fuga de los imputados, como así también el entorpecimiento procesal que podrían provocar en busca de evitar el reproche penal correspondiente.
Asimismo, refirió que, llegado el caso a juicio, es muy posible que la pena probable que podría recaer en los acusados sería de cumplimiento efectivo. El fiscal Romero recordó que Vega Ibarra, en un momento del procedimiento, intentó utilizar su estado diplomático ya vencido en busca de evitar que se siga adelante.
Por último, requirió autorización para la producción de distintas pruebas, entre ellas la pericia química de la droga incautada a fin de determinar su grado de pureza, como así también el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, entre otras medidas.
En representación de Vega Ibarra, la defensa oficial a cargo de María Loutayf se opuso al proceso de flagrancia, al igual que la defensa de Cordero Flores, representado por una abogada particular. Ambas defensas solicitaron que el caso siga adelante bajo las reglas del proceso ordinario.
En ese orden, Vega Ibarra prestó declaración y aseguró desconocer el origen de la droga, sostuvo que fue una sorpresa ver los paquetes en el baúl de su auto, a la vez que señaló que horas antes realizó varias diligencias con el rodado, entre las que indicó haber ido al lavadero y a un taller mecánico.
A partir de estos dichos, su defensora intentó fundamentar la necesidad de una mayor investigación, por lo que insistió con el pase del caso al proceso común; sin embargo, al correrse vista a la fiscalía, los representantes del Ministerio Público Fiscal rebatieron los argumentos al resaltar que el delito fue en flagrancia y que sólo restan realizar escasas medidas probatorias; además, que existen suficientes elementos a fin de avanzar dentro del proceso de flagrancia.
Atento a los planteos de ambas partes, el juez Martínez Furgoni se inclinó por la posición de la fiscalía, por lo que dio por formalizada la investigación bajo el proceso de flagrancia, ordenó la prisión preventiva por el término requerido y por último autorizó las medidas probatorias solicitadas.
