Nuevo Diario de Salta.- El juicio que se sigue adelante en el Tribunal Oral Federal 2, encabezado por el juez Abel Fleming junto a los vocales Gabriela Catalano y Domingo Batule, se reanudó ayer miércoles con la etapa otorgada para los acusados dispuestos a prestar declaración. Iniciado el 25 de junio pasado, el juicio se lleva adelante en contra de 10 imputados por diversos delitos, entre ellos robo agravado, defraudación a la administración pública y encubrimiento. Las calificaciones están vinculadas a hechos que tienen como eje central la extracción y venta de caños del Gasoducto NEA.
Los acusados son el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado; el ex secretario de Hacienda, Fredy Marcelo Céspedes; los empresarios Diego Alos, de OSYP S.A.; Matías Rossi, de COMARFIL SA, Adrián Antonio Vera y Cristián Buczek, de Vera S.A.; Milton Saavedra y Bruno Degoy, de M&P Servicios Especiales; Andrés Ayala, de PERTERSER SRL y Dante Rodríguez.
Tras los alegatos de apertura, en los cuales el fiscal general Eduardo José Villalba ratificó la acusación contra todos los acusados, a la vez que repasó la modalidad ilícita desplegada, mencionó las pruebas reunidas y resaltó el grave daño causado al Estado Nacional. Previo a la etapa testimonial, sólo cuatro imputados (todos defendidos por el abogado Sergio Heredia) accedieron a expresar su versión de los hechos.
Al declarar, el ex secretario de Hacienda, Fredy Marcelo Céspedes, hizo un largo relato de su trayectoria dentro la municipalidad de Aguaray, y reconoció haber firmado la resolución municipal Nº 1215/19, mediante la cual el ex intendente Jorge Enrique Prado autorizaba la extracción de caños por parte del empresario Alos, en el marco de una tarea de saneamiento ambiental. Cabe recordar que, mediante esta resolución, Prado permitió la extracción de los caños que luego la empresa OSYP S.A. transportó y comercializó a otras firmas, según la acusación penal que tiene a Prado y Alos como los principales acusados.
Céspedes ratificó la teoría del caso expuesta por la fiscalía en cuanto a la génesis de la principal maniobra dispuestas para la extracción ilegal de los caños, los cuales se trata de bienes del Estado Nacional y, por ende, el ex intendente no tenía injerencia ni potestad para disponer de los mismos. Reconoció su participación en los hechos investigados y, no obstante, responsabilizó en todo momento a Prado. Seguidamente, Saavedra, de la empresa MyP Servicios Especiales, se refirió a cómo ingresó en la cadena delictiva que se había puesto en marcha con el fin de apropiarse de los caños del gasoducto, en este caso, en paraje El Desemboque (Santa Victoria Este).
El empresario trató de justificar su participación y la de su empresa en el desconocimiento de que los caños eran robados, algo que también afirmó su socio Degoy. Ambos, afirmaron que su participación en los hechos se produjo a partir de la aparición de Vera. Sostuvieron que este acusado les presentó documentación que, posteriormente, descubrieron que era falsa.
Participación en un negocio millonario que afectó al Estado
Los imputados admitieron también haberle alquilado a Vera parte del predio de su empresa para el acopio de los caños. Incluso ingresaron en la red de comercialización de los mismos por un monto millonario, del cual desembolsaron 800 mil pesos. Buczek, quien era empleado de Vera, declaró que los dos empresarios; pues estuvo y participó de las maniobras desplegadas para extraer los caños en El Desemboque; lo convirtieron en la cara visible de su empleador en los distintos hechos.
Pese a reiterar que desconocía la ilegalidad de las tareas que hacían en ese paraje, Buczek admitió haber participado de las mismas. Aportó detalles precisos de las maniobras, confirmó la presencia de camiones procedentes de Mendoza, lo que reforzó la vinculación de Alos como otra pieza clave en los hechos imputados. Concluidas las declaraciones de los imputados, el juez Fleming dio paso a la etapa testimonial. El primer testigo en sentarse ante el tribunal fue Sergio Figueroa, inspector de obras de la empresa Integración Energética Argentina SA, IEASA ex ENARSA.
Figueroa, quien realizó numerosas denuncias por robos y vandalismo en la zona, reveló ante preguntas de la fiscalía haber radicado una denuncia el 7 de febrero de 2020, la cual dejó al descubierto todo el andamiaje fraudulento y la cadena de robo de caños. Indicó que, a partir del llamado de un colega; de la empresa TGN; es que pudo advertir la sustracción de caños del gasoducto, los cuales eran transportados por un camión.
Al verificar la carga, constató que se trataba de bienes del gasoducto NEA. Sobre la documentación que el conductor del camión presentó, Figueroa explicó que se trataba de un remito a nombre de la empresa OSYP SA, propiedad de Alos, que facultaba el traslado hacia el sur del país. Reconoció que los caños extraídos rondan entre los 600 y 700, de los cuales se recuperaron 260 a partir de tareas llevadas adelante por la fiscalía. Descartó que puedan volver a ser utilizados, ya que insumen varios controles. Mañana viernes 30, en tanto, el tribunal seguirá con la declaración de Figueroa, a quien seguirán otros empleados de la firma.
